De vez en cuando aparecen noticias de que la Guardia Civil o la Policía Nacional han llevado a cabo una gran operación contra una red dedicada a expoliar bienes históricos y traficar con ellos. Sin ir más lejos, no hace mucho que detuvieron a 85 personas por estos motivos. Este tipo de noticias suelen poner nerviosos a algunos coleccionistas que creen que en cualquier momento puede venir la Policía Nacional a su casa a quitar su querida colección, que tanto esfuerzo le ha supuesto. Esto lo estuvimos comentando en el foro de Imperio Numismático y cómo me surgieron algunas dudas al respecto se lo pregunté a unos colegas que trabajan en el juzgado con los que me fui de cañas el otro día.

Que nadie entienda esta entrada como un asesoramiento legal ni nada por el estilo ¿quién soy yo para asesorar legalmente a alguien si no he estudiado leyes en mi vida? Tampoco pretendo ser exhaustivo, ya veis que en la entrada no indico enlaces a leyes concretas ni tampoco apoyo mis argumentos con jurisprudencia ni cosas así. Simplemente quiero hacer una llamada a la tranquilidad y hacer ver que si procedemos de forma legal es difícil que vayamos a salir perjudicados.

Lo primero que hay que decir es que cuando alguien se encuentra un tesoro (ya sea una ánfora llena de aureos romanos o un cobre del siglo XIX todo roñoso) debería entregarlo directamente al ayuntamiento del municipio en el que lo encontró o si no dárselo a patrimonio. Llevárselo a casa es ilegal y comerciar con ello mucho más. Esa moneda que nos acabamos de encontrar pertenece al Estado y quedársela es tanto como robar al Estado. Igualmente, aquél que compre una moneda robada o expoliada y sea consciente de la procedencia ilegal de la misma está cometiendo un delito.

Una vez dicho esto, resulta que hay gente que se gana la vida delinquiendo de diferentes maneras, y una de ellas es expoliando bienes históricos para después introducirlos en el mercado del coleccionismo. Esta gente no se dedica a ir con un detector de metales por el campo para ver qué encuentra, sino que directamente van donde saben que hay material y expolian excavaciones enteras. Luego tienen sus expertos para tasar las piezas, retocarlas e introducirlas en el mercado. Son redes organizadas que no son fáciles de tumbar y que se las investiga mediante escuchas y demás. Vamos, que la policía sabe a por lo que va.

El problema puede aparecer cuando un coleccionista honrado (llamémosle Enrique) ha comprado monedas expoliadas a un comerciante que está metido en una trama de éstas o que no es consciente de la procedencia ilegal de las monedas. Podría darse el caso de que Enrique aparezca como un cliente habitual de uno de los comerciantes metidos en la trama, en cuyo caso la policía va a intentar recuperar las monedas que ha comprado Enrique porque son propiedad del Estado. Así pues, un buen día se presentarían en la casa de Enrique un secretario judicial junto con varios policías con la finalidad de llevarse las monedas de Enrique.

Lo primero que debe hacer Enrique en esa situación es pedir que le enseñen el auto de registro firmado por el juez de instrucción. Sin ese auto no pueden entrar en casa de Enrique, así que es importante que lo tengan. A partir de ahí lo mejor que puede hacer Enrique es colaborar con la policía y con el secretario judicial y decirles dónde guarda todas y cada una de las monedas de su colección. Si hay dinero suficiente en la instrucción el secretario judicial irá acompañado de un perito técnico que entiende de numismática y conoce las piezas a por las que van. Es decir, que es una persona que sabe qué pinta tienen las monedas que están buscando (es decir, que si están buscando sestercios imperiales sabe diferenciar un sestercio de un tetradragma). Si no va el perito especializado lo más probable es que el secretario judicial directamente se lleve toda la colección de monedas y ya se encargarán en el juzgado de identificarlas.

Por eso mismo es importante que Enrique colabore con ellos y no les hagamos perder el tiempo poniéndonos bordes. Si el secretario judicial ve que va de buenas y que Enrique no tiene nada que esconder entonces puede acceder a no llevarse monedas que es evidente que no son las que están buscando. Por ejemplo, si buscan moneda romana, Enrique le podría convencer de que no se lleve su colección de Franco porque aunque no entienda de numismática le puede parecer evidente que esas no son piezas romanas. El secretario judicial no tiene por qué hacer ningún caso y puede indicar muy educadamente que su ignorancia es tal que no es capaz de distinguir un denario republicano de un euro alemán, así que se lleva todo y punto. Igualmente, Enrique podría pedir al policía encargado de realizar las fotografías que fotografíe ciertas piezas concretas, que son las que más valor tienen y así se asegura de que aunque se las lleven siempre puede demostrar que eran suyas. De igual modo, no tienen por qué hacer caso y pueden decir simplemente que en el juzgado hay una cadena de custodia de los bienes incautados que asegura su integridad, y que con hacer tres fotos y poner en la descripción de lo incautado “Caja con 5 álbumes de monedas” ya es suficiente. Recemos en ese caso para que a nadie se le ocurra “cambiarnos” alguna moneda.

Una vez que se han llevado la preciosa colección de Enrique queda esperar a que un perito especializado las tase y determine cuáles han sido expoliadas y cuáles no. Las expoliadas serán prueba en el juicio y luego pasarán a propiedad estatal, el resto se devolverán a Enrique. El tiempo que tarde en aparecer un perito especializado y llevar a cabo el juicio es muy variable; si hay suerte en pocos meses puede que Enrique ya tenga sus monedas consigo, si no hay suerte pueden pasar ocho o diez años perfectamente. Por último, es probable que se llame a Enrique como testigo en el juicio contra la trama.

Vuelvo a insistir en que Enrique no volverá a tener en propiedad las monedas expoliadas, porque aunque se le considere como un tercero que las ha comprado de buena fe, realmente son propiedad del Estado. Lo único que podría hacer Enrique sería denunciar al comerciante por estafa, pero como para entonces lo más probable es que el comerciante se haya declarado insolvente, pues a Enrique le va a dar igual.

Toda esto sería lo normal que ocurriría en el caso de que Enrique no tuviese ningún cargo. Los cargos contra Enrique se presentarían si hay sospechas de que realmente él era consciente de la procedencia ilegal de las piezas; eso se puede sospechar si hay alguna escucha que así lo indica o si resulta que todas (o una grandísima parte) de las monedas de la colección de Enrique son expoliadas. En ese caso, además de confiscar las monedas, la policía le pedirá a Enrique que le acompañe porque está detenido. Le dejarán unas horas en el calabozo y después le interrogará el juez de instrucción, quien decidirá si le deja en libertad con o sin cargos. A partir de ese punto lo mejor es buscarse un buen abogado y tener todas las facturas de las monedas que hayamos comprado.

Finalmente, algunos consejos que pueden ayudarnos a no tener problemas de este estilo. Ya veis que son de sentido común y nada complejos:

– Comprar monedas en casas de subastas públicas.

– No comprar monedas a un solo comerciante, comprar a varios y si puede ser que sean gente solvente.

– Al comprar moneda cara, pedir facturas y guardarlas.

– No comprar monedas que no conozcamos bien.

Las monedas de las imágenes están tomadas de la última subasta de Numismática Genevensis (que ya comentó Darío). Se tratan de un estátero de Ione, un denario de Augusto, un sestercio de Augusto y un sestercio de Galba. ¡Quién las cazara!